Diáspora Venezolana

Mientras el poder intenta vender un relato de “reconciliación” y anuncia una supuesta ley de amnistía, los hechos vuelven a desmentir al discurso. En Venezuela, la violencia política no fue un episodio aislado ni un error del pasado: fue —y sigue siendo— una política de Estado.

Esta semana, declaraciones oficiales reconocieron abiertamente que desde 1999 hasta hoy el país ha vivido un período de violencia política. Lo que no se dice con la misma claridad es que esa violencia tuvo direcciones precisas, responsables identificables y espacios físicos concretos donde se ejecutó: centros de detención convertidos en centros de tortura, distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional.

Durante años, el régimen intentó reducir el horror a un solo nombre: El Helicoide. Como si concentrar la atención en ese lugar bastará para ocultar el resto. Las imágenes y los testimonios demuestran lo contrario. No fue uno. No fueron dos. Son más de un centenar de centros, entre oficiales y clandestinos, operando en estados como Miranda, Zulia, Carabobo, Táchira, Lara, Bolívar, Portuguesa, Sucre, Mérida, Yaracuy, Amazonas, Vargas y el Distrito Capital, entre otros.

Allí no solo se privó ilegalmente de libertad a ciudadanos. Allí se torturó. Se humilló. Se quebró psicológicamente. Se castigó la disidencia.

Por eso, el anuncio de una ley de amnistía no puede analizarse como un gesto de buena voluntad. En un sistema sin independencia judicial, sin investigación de crímenes y sin sanción a los responsables, la amnistía corre el riesgo de convertirse en un mecanismo de impunidad, no de justicia. Las palabras no liberan presos. Los decretos no cierran centros de tortura. Los discursos no reparan a las víctimas.

Además, conviene recordar algo fundamental: el supuesto cierre de El Helicoide no nace de una decisión soberana del régimen ni de un despertar moral interno. Fue producto de presión internacional directa. Nada más. Nada menos. En Venezuela, cuando el poder concede, no es por convicción: es porque está acorralado.

Hablar hoy de “pasar la página” sin verdad ni justicia es una nueva forma de violencia. Pretender que todo se resuelve con una ley mientras siguen existiendo decenas de centros de reclusión usados para la represión es insultar la memoria de quienes padecieron —y padecen— ese sistema.

La pregunta ya no es si hubo tortura. Eso está documentado.

La pregunta es: ¿cuándo se cerrarán todos los centros? ¿cuándo se liberará a todos los presos políticos? ¿cuándo habrá responsables ante la justicia?

Hasta entonces, no son promesas, son solo palabras.

Y Venezuela ya aprendió, a un costo demasiado alto, que las palabras del régimen no bastan.